El contrato de prestación de servicios no constituye una tipología adecuada para que las Entidades Estatales contraten la adquisición de software disponible en el mercado o el desarrollo de software a la medida. En efecto, para la adquisición de software, dependiendo del objeto a contratar, debe realizarse los siguientes procesos de selección:
El contrato de prestación de servicios no constituye una tipología adecuada para que las Entidades Estatales contraten la adquisición de software disponible en el mercado o el desarrollo de software a la medida. En efecto, para la adquisición de software, dependiendo del objeto a contratar, debe realizarse los siguientes procesos de selección
Si bien el Consejo de Estado indicó en sentencia de unificación que el juez deberá estudiar las pretensiones, aunque no se haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos; sin embargo, tal pronunciamiento en modo alguno exonera a las partes de consignar salvedades en el acta de liquidación bilateral.
Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias cláusulas, por lo que no aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En este sentido, para que un convenio pueda liquidarse unilateralmente, las partes deben haber incluido esta prerrogativa de manera clara, expresa e inequívoca.
El convenio se fundamenta sobre la base de un ánimo colaborativo y en criterios asociativos y de cooperación, debe estar desprovisto de una contraprestación y/o remuneración, por lo que en tal escenario no existe una contraposición de intereses entre los sujetos que lo suscriben, aunque puede haber un contenido patrimonial, pero no dirigido a retribuir al asociado, sino con el fin de propiciar objetivos comunes.
La cesión de crédito y la cesión de contrato son dos instituciones jurídicas diferentes. En la cesión de contrato, ocurre una verdadera modificación del negocio jurídico que consiste en la sustitución de una de las partes por otro sujeto. En la cesión de crédito no se altera el contrato estatal, sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato.
El legislador nunca limitó el uso del amigable componedor a las entidades del Estado. Por el contrario, en el ámbito del derecho público, desde el Código Contencioso Administrativo la legislación ha promovido los mecanismos alternativos de solución de conflictos como una forma ágil, rápida y directa de dirimir las controversias surgidas de la actividad contractual.
Es necesario diferenciar dos (2) tipos de ajustes que pueden dar lugar a la expedición de adendas: i) los referidos a las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del pliego definitivo y, en general, a cualquier contenido distinto del cronograma del procedimiento de selección y ii) los del cronograma. El primer tipo de adendas puede ser realizada hasta antes del vencimiento del plazo para la recepción de ofertas, mientras que las segundas pueden realizarse luego del cierre del proceso, antes de la adjudicación del contrato, en las que solo se permite modificar los plazos de las etapas siguientes.
El fraccionamiento contractual es una práctica mediante la cual se dividen contratos para evitar procedimientos de contratación pública o para eludir límites establecidos en la normativa. En Colombia, esta práctica es ilegal ya que va en contra de los principios fundamentales de la contratación pública. Por ende, fraccionar la unidad natural de un objeto contractual con el propósito de evadir una cuantía superior que implicaría un proceso de selección diferente, tiene como consecuencia la nulidad absoluta del contrato. En este sentido, se resalta que habrá fraccionamiento del contrato cuando concurran los siguientes elementos:
La experiencia profesional para suscribir un contrato con el Estado se contabiliza, por regla general, desde la terminación y aprobación del pénsum académico de educación superior, sin que sea necesario esperar la fecha de grado ni la expedición de la tarjeta profesional. No obstante, existe una excepción donde la experiencia solo se cuenta desde la inscripción o registro profesional, es decir, a partir de la expedición de la tarjeta profesional, dado que la ley exige este requisito para garantizar la idoneidad del ejercicio de dichas profesiones.