El Gobierno Nacional mediante el Decreto 287 de 2026, modificó el sistema integral de preferencias para promover la inclusión de personas con discapacidad en la contratación pública, incorporando medidas obligatorias en todas las etapas del proceso contractual. Conozca el ABC del Decreto.
La aplicación de los descuentos derivados de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) no exige, en todos los casos, la tramitación del procedimiento sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, pudiendo operar de manera automática. Ello dependerá de su naturaleza, cuando se trate de mecanismos de carácter compensatorio y no sancionatorio, debiéndose garantizar, en todo caso, el debido proceso conforme al procedimiento previamente pactado por las partes.
Si bien el concejo municipal cuenta con funciones específicas de autorización para la celebración de contratos y la adopción de los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social, ello no le otorga la facultad para expedir acuerdos u otros instrumentos normativos orientados a regular aspectos propios de la contratación estatal tenientes a definir requisitos habilitantes, a asignar puntajes específicos y en general, a establecer las reglas conforme a las cuales debe adelantarse los procedimientos de contratación.
Las entidades del Estado pueden establecer criterios de evaluación asociados a la experiencia específica en los procesos de selección de consultores o interventores, siempre que dichos criterios respondan al principio de selección objetiva y permitan comparar efectivamente las ofertas mediante parámetros objetivos, verificables, adecuados y proporcionales al objeto contractual; en consecuencia, la entidad deben evitar la utilización de mecanismos de acreditación basados exclusivamente en manifestaciones subjetivas del proponente o en calificaciones cualitativas no estandarizadas o que no proporcionen mecanismos que permitan su comparación, y deben definir en los pliegos de condiciones criterios claros, medibles y verificables que no generen barreras injustificadas a la participación ni afecten la igualdad entre los oferentes.
La terminación unilateral de contratos, aunque válida y lícita como expresión de la autonomía de la voluntad, está sujeta a límites legales y contractuales. Su ejercicio no puede implicar un abuso de derecho ni una violación al principio de buena fe. Es necesario que la parte que ejerce esta facultad informe previamente su intención de terminar el contrato y otorgue un plazo razonable para que la otra parte pueda subsanar la situación presentada.
La entidad debe convocar la audiencia de descargos en sede sancionatoria administrativa con una antelación razonable, acorde con la finalidad de la actuación, de modo que permita el análisis de la procedencia o no de la declaratoria de incumplimiento y garantice el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
La excepción de contrato no cumplido constituye un mecanismo de defensa propio de los contratos bilaterales que permite a una de las partes abstenerse legítimamente de cumplir sus obligaciones mientras la otra no haya cumplido las suyas o no se allane a hacerlo en la forma y tiempo debidos. El fundamento de esta figura radica en la interdependencia de las prestaciones recíprocas y en la buena fe, fijando que quien pretende exigir el cumplimiento del otro debe, a su vez, haber satisfecho sus deberes o estar en la posición real y seria de hacerlo. Por ello, este medio exceptivo solo procede cuando se acredita, los siguientes tres (3) Elementos:
El Gobierno Nacional redefinió, mediante decreto, los incentivos en la contratación pública asociados a la inclusión de personas con discapacidad, a través de un sistema que abarca todas las fases del proceso de selección y ejecución contractual e incorpora medidas en la habilitación, evaluación y control, orientadas a facilitar la participación de las personas con discapacidad. A continuación, se presentan las principales modificaciones introducidas al Decreto 1082 de 2015.
Las entidades públicas tienen la facultad de imponer cláusulas penales y multas de manera unilateral en los contratos estatales, siempre que estas hayan sido previamente pactadas en el contrato y se ajusten a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
Las entidades del Estado pierden competencia para expedir actos administrativos de declaratoria de incumplimiento y liquidación del contrato, una vez que se le notifica el auto admisorio de la demanda presentada en contra de la propia entidad, siempre y cuando las pretensiones o los hechos correspondientes se refieran a los puntos específicos que dieron lugar al procedimiento administrativo de declaratoria de incumplimiento o de liquidación del contrato.