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Consorcios y uniones temporales

Competencia estatal frente a conflictos internos.

Las entidades estatales no poseen competencia para resolver desacuerdos técnicos, jurídicos o administrativos surgidos entre los integrantes de un consorcio o unión temporal durante la ejecución contractual, ya que tales controversias corresponden al ámbito de la autonomía interna de sus miembros. Sin embargo, la entidad conserva la facultad de exigir el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y de velar porque se mantengan las condiciones que motivaron la escogencia del contratista durante toda la vigencia de la relación contractual, pudiendo adoptar las medidas contractuales necesarias ante un incumplimiento.

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Presentación de la garantía de seriedad

Límites y posibilidades de subsanación.

La presentación de la garantía de seriedad junto con la propuesta constituye un requisito insubsanable en los procesos de selección, de modo que su omisión genera el rechazo de la oferta. Sin embargo, cuando la garantía es aportada oportunamente, los errores formales en su contenido pueden ser corregidos hasta el traslado del informe de evaluación, como lo es presentar la garantía de seriedad de la oferta por un valor asegurado inferior al valor requerido en el proceso de selección, siempre que no impliquen la acreditación de hechos ocurridos con posterioridad al cierre del proceso.

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Reconocimiento de prestaciones por fuera del plazo

Podrá ser objeto de revisión en la liquidación del contrato

El vencimiento del plazo de ejecución pactado en los contratos estatales no imposibilita que la entidad reciba las actividades realizadas después de este tiempo, así como tampoco impide que el contratista realice prestaciones extemporáneas. De hecho, mientras el contrato esté vigente la entidad puede emplear los medios necesarios para exigir su cumplimiento. Así las cosas, el vencimiento del plazo para el cumplimiento de las obligaciones de tracto sucesivo, por naturaleza suspensivo, no conlleva su extinción, pues tal como se desprende de las consideraciones de orden normativo, jurisprudencial y doctrinario, el vencimiento del plazo suspensivo, en realidad, implica que la obligación se hace exigible en su totalidad a partir de ese mismo instante. Lo anterior, sin perjuicio de que se impongan las sanciones correspondientes.

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No devolución del pago anticipado en contratos estatales

Declaratoria de siniestro.

La declaratoria de siniestro por la no devolución del pago anticipado entregado en un contrato estatal se fundamenta en la obligación del contratista de restituir los recursos no ejecutados, obligación que permanece vigente aun después de la liquidación bilateral del contrato. En este sentido, la administración puede declarar el siniestro mediante acto administrativo cuando, tras la terminación del contrato y la liquidación de cuentas, el contratista no reintegra el saldo correspondiente al pago anticipado no ejecutado, sin que ello implique la creación de una obligación nueva o ajena al contrato original.

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Contratos de prestación de servicios. Tercerización laboral. Servicios temporales de colaboración

La ejecución de actividades permanentes constituye un indicio de la existencia de una relación laboral directa.

La prestación de actividades permanentes genera la presunción de existencia de contrato de trabajo entre quienes ejecutan dichas actividades y su contratante, conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Esta presunción puede desvirtuarse mediante razones objetivas que demuestren la inexistencia de subordinación, la autonomía técnica, administrativa, financiera y directiva del contratista.

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Modificación del presupuesto en procesos de selección

Adendas. Límites y condiciones en la modificación del valor del proceso.

La posibilidad de modificar el presupuesto oficial de un proceso de selección mediante adenda está condicionada a que la modificación se realice antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, se respeten los límites temporales de publicación previstos en la ley y el reglamento, exista motivación y soporte técnico suficiente, y en especial, la modificación no altere la modalidad de selección ni afecte sustancialmente las condiciones de participación, la transparencia del proceso o la igualdad entre oferentes.

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Determinación del valor del contrato. Factor multiplicador

Los costos facturados deben corresponder a gastos reales y soportados.

Los valores facturados durante la ejecución de los contratos estatales deben corresponder estrictamente a los costos reales efectivamente causados, debidamente soportados y directamente relacionados con la ejecución contractual. En consecuencia, las entidades solo pueden reconocer y pagar aquellos costos efectivamente incurridos por el contratista, como lo son, por ejemplo, el contrato de interventoría o de consultoría, previa verificación de los soportes correspondientes, con el fin de evitar pagos injustificados o situaciones de enriquecimiento sin causa.

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Contratación de software

La selección del contratista exige procesos competitivos y no contratos interadministrativos.

El contrato interadministrativo no constituye una tipología adecuada para la adquisición ni el desarrollo de software a la medida por parte de entidades estatales. En este sentido, se manifiesta que la licitación pública es la regla general para estos procesos, mientras que la contratación directa, incluida la interadministrativa, es de carácter excepcional y restrictiva.

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Fuerza mayor

Exige imposibilidad absoluta y no solo dificultad en el cumplimiento.

La imposibilidad absoluta de cumplimiento, y no la mera dificultad, constituye el requisito esencial para que opere la fuerza mayor. En este sentido, se resalta que el evento alegado como eximente de responsabilidad como lo es la fuerza mayor, debe ser imprevisible, irresistible y externo al contratista de modo que cualquier persona en la posición del obligado se vería inevitablemente sometida a sus efectos.

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Inhabilidades sobrevinientes

Efectos en la contratación pública

La inhabilidad sobreviniente en la contratación pública produce efectos distintos para oferentes, adjudicatarios y contratistas, conforme a la etapa del proceso y la naturaleza de la relación contractual. En efecto, cuando la inhabilidad aparece en un oferente durante el proceso de selección, se entiende que renuncia a la participación y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad surge en el adjudicatario entre la adjudicación y la suscripción del contrato, la adjudicación finalmente debe ser revocada. En el caso del contratista, si la inhabilidad se presenta durante la ejecución del contrato, este debe ceder el contrato a un tercero con autorización escrita de la entidad contratante. Si la cesión no es posible, corresponde la renuncia a la ejecución del contrato.

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