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ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

Restricción de contratación directa. Ley de Garantías Electorales. Excepciones.

La adquisición de predios mediante enajenación voluntaria por parte de entidades estatales, no está sujeta a la restricción del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 en su etapa preparatoria o administrativa o preliminar, como avalúos, ofertas de compra y negociaciones, que no impliquen la celebración de contratos, pueden desarrollarse válidamente durante el período de restricción, en la medida en que dicho artículo se refiere a la celebración de contratos de forma directa, y no a las actuaciones administrativas que se puedan generar previamente.

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MODIFICACIONES EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Restricciones ley de garantías electorales. Inclusión de una nueva parte.

Las modificaciones no pueden alterar aspectos esenciales del convenio, como lo es por ejemplo el objeto contractual, ni desnaturalizar su esencia al punto de convertirlo en un negocio jurídico distinto. Ahora bien, en el contexto de la Ley de Garantías Electorales, cualquier modificación que implique la celebración material de un nuevo convenio podría contravenir las restricciones legales establecidas en los artículos 33 y 38 de dicha ley. Por lo tanto, las entidades deben evaluar cuidadosamente el impacto de las modificaciones para garantizar el cumplimiento de las normas y preservar los principios de igualdad y transparencia.

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LOS CONTRATOS LLAVE EN MANO Y PRECIO GLOBAL

No contemplan pagos adicionales por mayores cantidades de obra.

La modalidad de contratación llave en mano y precio global implica que el contratista asume el riesgo de ejecutar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto pactado, sin que se reconozcan pagos adicionales por mayores cantidades de obra. Este esquema de contratación traslada al contratista los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, incluyendo la necesidad de realizar mayores cantidades de obra, siempre que estas se encuentren dentro del alcance del objeto pactado.

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LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES

Alcance material. Destinatarios. Regímenes especiales.

El alcance de la prohibición prevista en el artículo 33 de la ley de garantías electorales no se predica de toda actividad contractual, sino específicamente de la contratación directa, entendida en sentido material, esto es, como cualquier forma de selección que prescinda de un procedimiento competitivo con pluralidad de oferentes. En tal medida, la aplicación de esta restricción no depende de la denominación formal del procedimiento ni del régimen contractual aplicable a la entidad, sino de que el mecanismo de selección utilizado corresponda a una modalidad de escogencia directa que implique la ejecución de recursos públicos, salvo los eventos exceptuados de manera expresa por el legislador.

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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Ejecución simultánea de contratos. Capacidad de cumplimiento.

Es viable la celebración simultánea de contratos de prestación de servicios por personas naturales dado que la normativa no contempla una causal taxativa que prohíba que una persona natural celebrar más de un contrato de prestación de servicios de manera simultánea con diferentes entidades. En este punto, se señala que la restricción del artículo 128 de la Constitución Política, que impide recibir más de una asignación del tesoro público, aplica exclusivamente a servidores públicos en situación legal y reglamentaria, no a contratistas de prestación de servicios, quienes perciben honorarios y no salarios.

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GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Exigencia de garantías en los procesos de mínima cuantía y contratación directa.

Las entidades estatales deben incluir en los estudios previos la identificación concreta de los riesgos previsibles, siendo entonces las garantías, los instrumentos de cobertura de algunos riesgos comunes en los procesos de contratación, las cuales deben ser identificadas y solicitadas de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones del contrato. En este sentido, en las modalidades de selección de contratación directa y mínima cuantía, así como en los contratos de empréstito, en los interadministrativos y en los de seguro, la entidad estatal deberá justificar la necesidad de exigir o no la constitución de garantías, evaluando aspectos técnicos, administrativos y jurídicos que brinden soporte de una necesidad de exigibilidad de garantía en los términos de suficiencia y vigencia señalados en el régimen de la contratación estatal.

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CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Responsables del impuesto sobre las ventas -IVA para el año 2026.

Las personas naturales que pretendan suscribir en el año 2026 un contrato de prestación de servicios por valor individual y superior a $183.309.000, deberán encontrarse inscritos como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA previamente a la suscripción del contrato, debiendo contemplar en el contrato el Impuesto al Valor Agregado IVA. En especial, para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos suscritos con entidades públicas, el límite corresponderá a la suma de $209.496.000.

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Pliego de condiciones. Aclaraciones y subsanación de las propuestas. Rechazo de una oferta.
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Debido proceso administrativo. Procedimiento de declaración de incumplimiento e imposición unilateral de multas y cláusula penal pecuniaria Competencia temporal para imponer multas. Teoría de los actos propios.
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Rechazo de las ofertas por manipulación de información errónea, inexacta o falaz. Buena fe precontractual.
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