La recepción de solicitudes de trámite de autorización de vigencias futuras con afectación en la vigencia 2025, se encuentra restringida hasta tanto no se defina el Presupuesto General de la Nación 2025 por parte del Congreso y el CONFIS levante la restricción.
La calidad de entidad estatal en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, solo aplica a las entidades descentralizadas indirectas en las que el estado tenga una participación mayoritaria. En ese sentido, las entidades descentralizadas indirectas en las que el Estado tenga una participación minoritaria no se encuadran dentro de las entidades estatales sometidas al EGCAP de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, por lo que su contratación no está regida por dicho cuerpo normativo.
Las adquisiciones derivadas de un programa financiado con recursos de Banca Multilateral o Cooperación Internacional, que ya se encuentran previstas en el Plan de Adquisiciones de ese programa a nombre de la entidad, deben ser incorporadas también en el Plan de Adquisiciones de la entidad pública, junto con las demás contrataciones de régimen nacional, si las adquisiciones que se van realizar son financiadas con recursos públicos.
La mayor permanencia de la obra se presenta cuando por hechos no imputables al contratista su estimación de costos iniciales se aumenta por cuenta del mayor tiempo, situaciones que le compete demostrar al contratista, pues, el solo hecho del aumento en el plazo no constituye, por sí misma, una causal de indemnización.
Las garantías contractuales no pueden confundirse con las potestades sancionatorias de la Administración, ni con las penas convencionales, en cuanto las garantías no son una estimación anticipada de perjuicios, ni un medio coercitivo de apremio, sino una facultad concebida para salvaguardar el interés público implícito en la contratación, y para proteger el patrimonio de la Administración, frente a eventuales incumplimientos del contratista. En este sentido, no cabe aplicar, por analogía, la normativa garante del debido proceso en materia sancionatoria a la declaración del siniestro.
El rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente porque el contratista deje de obtener utilidades o porque surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, si estos no superan el álea normal del contrato o corresponden a las eventualidades o contingencias asumidas por las partes.
El siniestro por buen manejo y la correcta inversión del anticipo, se configura cuando el anticipo no se invierte o cuando se usa o se apropia indebidamente por el contratista y puede darse, así, cuando acaezca el plazo para el cumplimiento del contratista o cuando se establezca con precisión el valor faltante por reintegrar.
La ley no dispone que las personas jurídicas deban acreditar el pago de los aportes de sus contratistas ni, mucho menos, prescribe aportar la acreditación de sus planillas de pago.
Si bien en principio la experiencia de las personas jurídicas es intransferible en la contratación estatal regulada por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, dicha regla general tiene excepciones. Una de ellas se presenta en la fusión, pues, al disolverse la persona jurídica, sin liquidarse, puede transferirle la experiencia a la sociedad resultante.
No existe una habilitación legal para que los contratistas cedan su posición contractual a los consorcios o uniones temporales.