El conteo del término de caducidad de la acción contractual cuando media un acta de liquidación de un contrato estatal, bien sea de mutuo acuerdo o unilateral, debe contarse a partir del día siguiente de la firmeza del acto.
Los convenios o contratos interadministrativos pueden ser objeto de liquidación unilateral dado que, en estricto sentido, no corresponde a una potestad excepcional y a su vez, la liquidación corresponde a una regla general que rige los contratos estatales de tracto sucesivo, frente a la cual, no opera ninguna excepción de orden legal.
Para que proceda una reclamación por desequilibrio económico del contrato, no sólo debe acreditarse los presupuestos del mismo, sino a su vez se requiere evidenciar el cumplimiento de las propias obligaciones, sin que se advierta de quien reclama incumplimiento alguno.
No es posible participar en un proceso de selección bajo la modalidad de consorcio o unión temporal manifestando en el documento de conformación que en cualquier momento del proceso de selección o en la ejecución del contrato se podrán transformar de manera discrecional en una sociedad futura.
Las entidades estatales contratantes no cuentan con facultades para establecer, consagrar o crear prohibiciones como inhabilidades o incompatibilidades no previstas en la Constitución Política o en la ley para impedir la participación de interesados que desean o deciden intervenir en los correspondientes procedimientos administrativos de selección o causales de exclusión o de rechazo de las ofertas respectivas que tampoco correspondan a previsiones previamente consagradas en normas de superior jerarquía a la de los pliegos de condiciones; Consecuencia de lo anterior, cualquier estipulación que se incorpore en éste sentido es ineficaz de pleno derecho, en los términos del inciso final del numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993.
Para determinar la acción correcta para demandar un acto administrativo, es necesario establecer cuál es el origen del daño que se alega, puesto que si aquel procede o se deriva directamente de un acto administrativo que se considera ilegal, éste deberá demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; pero si el daño proviene del incumplimiento de una obligación contractual, o del proferimiento de actos administrativos de naturaleza contractual, las reclamaciones que pretendan efectuarse con fundamento en la misma, deberán encauzarse por la vía de la acción relativa a controversias contractuales, pero si el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, la acción procedente será la de reparación directa.
Tratándose de la garantía de la estabilidad de obra en favor de entidades estatales, estas no pueden, al expedir el acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro, sustraerse de las reglas de conducta que le impone el debido procedimiento, que impone entre otras, el deber de motivar el acto administrativo indicando en él los supuestos de hecho y probatorios que soportan el acaecimiento del siniestro y por supuesto, la cuantía de la indemnización, como también, garantizar que tanto el contratista como la compañía de seguros, en ejercicio de los derechos de contradicción y legítima defensa, puedan controvertir el acto administrativo que hace efectiva la garantía.
Dado que el acta de liquidación bilateral suscrita de manera extemporánea no deja de ser un acto jurídico eficaz y vinculante para las partes del contrato estatal, el término de caducidad debe contarse a partir del día siguiente al de la firma del acta de liquidación de mutuo acuerdo.
No cualquier falencia u omisión en la presentación de las ofertas puede dar lugar a su descalificación, pues debe tratarse de defectos que realmente incidan sobre la futura celebración y ejecución del contrato de cuya adjudicación se trata, por lo cual debe tenerse por inadmisible el rechazo de proponentes por requisitos nimios e inútiles; esto es, que no tengan incidencia alguna en la contratación.
Una entidad del Estado tiene la facultad de declarar la caducidad del contrato, por medio de acto administrativo debidamente motivado, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: