Una vez suscrita un acta de liquidación bilateral de un contrato estatal, existen tres (3) circunstancias que habilitan la posibilidad de instaurar una acción contractual para debatir judicialmente hechos surgidos con ocasión al mismo, como son los eventos que a continuación se mencionan:
Quien pretende que se declare el incumplimiento de la obligación a cargo de la otra parte en el contrato, debe probar la prestación, vale decir, la conducta o los comportamientos específicos a cargo del enjuiciado (deudor), encaminados a honrar el vínculo en la forma, tiempo, modo y lugar comprometidos al “tenor de la obligación”.
Las Entidades del Estado están facultadas para liquidar unilateralmente los contratos o convenio interadministrativos, por cuanto esa facultad expresamente se encuentra prevista en el artículo 61 del Estatuto General de la Contratación Estatal, dado que la misma no puede ser considerada como una potestad excepcional, toda vez que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 consagró expresamente y en forma taxativa, como cláusulas excepcionales al derecho común, la terminación, la interpretación y la modificación unilaterales; el sometimiento a las leyes nacionales y la caducidad, no así la liquidación unilateral.
Podrán pedirse aclaraciones y explicaciones en relación con requisitos que atañen a la persona misma del contratista, su capacidad jurídica, su organización, etc., pero no respecto de aquellos requisitos que, además, serán calificados con puntaje, ya que ello atenta directamente contra la objetividad con la que deben ser evaluadas las ofertas, y se traduce en la posibilidad de corregirlas y mejorarlas, en desmedro de los oferentes que sí cumplieron a cabalidad con los requisitos calificables.
En la etapa de evaluación de las propuestas, si se advierte un defecto en el Pliego de Condiciones que afecte dicha labor, la entidad licitante no puede, so pretexto de facilitar la tarea, proceder a modificar los factores de calificación y ponderación de las ofertas incluidos en el pliego de condiciones, el cual debe aplicarse tal y como fue elaborado.
El pasado viernes 22 de noviembre el Gobierno Nacional expidió un Decreto Ley para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública; en materia de contratación estatal, se destacan cinco medidas a saber:
El rechazo de una oferta no comporta una sanción en sentido formal ni material. En este sentido, se indica que el derecho al debido proceso y derecho de defensa se materializa en los procedimientos de selección dando a conocer a los participantes de las deficiencias que se atribuyen a sus ofertas y de constatar que ejercieron su derecho de contradicción y defensa, desde antes de la celebración de la audiencia de adjudicación y durante la misma, si fuere el caso, sin que se requiera adelantar un procedimiento administrativo adicional al contemplado por la ley para el procedimiento mismo de selección del contratista.
El principio de la excepción de contrato no cumplidosí tiene cabida en la contratación administrativa, pero no con la amplitud que es de recibo en el derecho civil, pues se impone dejar a salvo el principio del interés público que informa el contrato administrativo.
El conteo del término de caducidad de la acción contractual cuando media un acta de liquidación de un contrato estatal, bien sea de mutuo acuerdo o unilateral, debe contarse a partir del día siguiente de la firmeza del acto.
Los convenios o contratos interadministrativos pueden ser objeto de liquidación unilateral dado que, en estricto sentido, no corresponde a una potestad excepcional y a su vez, la liquidación corresponde a una regla general que rige los contratos estatales de tracto sucesivo, frente a la cual, no opera ninguna excepción de orden legal.