La declaratoria de ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra no tiene carácter sancionatorio, por lo que no requiere del agotamiento de un procedimiento previo de carácter administrativo.
No existe ningún impedimento legal para acumular en una demanda pretensiones contractuales derivadas del incumplimiento de un contrato, y extracontractuales dirigidas a obtener el resarcimiento de perjuicios causados por quienes no tuvieron tal condición, en la medida en que las dos pueden ser tramitadas por el mismo proceso. Sin embargo, tal acumulación no puede hacerse impetrando las segundas como subsidiarias.
Para demandar la nulidad de un acto administrativo contractual por vicios del consentimiento, no es un requisito de procedibilidad que en su momento el contratista hubiere dejado las respectivas salvedades.
Las personas naturales que pretendan suscribir en el año 2020 un contrato de prestación de servicios por valor individual y superior a $124.624.500, deberán encontrarse inscritos como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA previamente a la suscripción del contrato, debiendo contemplar en el contrato el Impuesto al Valor Agregado – IVA. Lo anterior, también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma enunciada anteriormente. Así mismo, la regla aplica cuando en el año 2019 hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad en una suma igual y superior a la anteriormente mencionada.
A partir del 1 de enero de 2020 los procesos de selección que se inicien a partir de esa fecha deben gestionarse exclusivamente en el SECOP II. Tal medida es aplicable para todas las modalidades de selección, Plan Anual de Adquisiciones y los procesos de contratación que inician las entidades que tienen un régimen especial de contratación.
Teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente fijado mediante el Decreto 2360 de 2019, contratacionestatal.com le informa las cuantías para los procedimientos de Licitación Pública, Selección Abreviada y mínima cuantía para el año 2020, conforme la tabla que se indica a continuación:
La aquiescencia por parte de un contratista de prestación de servicios para acudir a una forma de contratación distinta a la laboral cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime de la condena al pago de la indemnización moratoria, si en el proceso judicial no se demuestra que su actuar estuvo revestido de buena fe, para lo cual no basta con indicar simplemente que el demandante en su momento sin objeción alguna suscribió el respectivo contrato.
La demora en la presentación de las cuentas o de las facturas, si se presenta por una conducta atribuible al contratista, no puede obrar en perjuicio del Estado, es decir, que no proceden las pretensiones para que se reconozcan ajustes de precios o intereses de mora respecto de actas, facturas o cuentas de cobro, cuando estas son presentadas de manera extemporánea por hechos imputables al contratista. Las condenas en dichos eventos se han impuesto sobre el valor nominal del capital o del acta, actualizado, sin intereses de mora ni ajustes de precios sobre el período de la extemporaneidad, toda vez que el acreedor no puede invocar su propia demora para derivar el reconocimiento de un perjuicio.
Si una vez celebrado el contrato y en plena ejecución del mismo, surgen circunstancias que hacen necesario prorrogarlo o adicionar su plazo, en este caso resulta procedente hacerlo, siempre que la entidad lo considere conveniente y así lo acuerde con el contratista.
La cláusula penal pactada en un contrato como sanción debe guardar proporción con el mayor o menor grado de incumplimiento de la contratista, dado que, por su carácter sancionatorio, la imposición de dicho pago requiere ajustarse siempre al principio de proporcionalidad.