SUSPENSIONES O CONTRATOS ADICIONALES

Equilibrio económico del contrato.

El contratista tiene el deber de expresar formalmente sus inconformidades y de presentar las respectivas reclamaciones cuando suscribe contratos adicionales o una suspensión contractual, siendo contrario a los postulados de la buena fe no ponerle de presente a la administración, de manera oportuna, los eventos que pudieran estar afectando la economía del contrato cuando se celebraron acuerdos para viabilizar, precisamente, la ejecución contractual.

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LA FUERZA MAYOR

Y su diferencia con la teoría de la imprevisión.

La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a la diferencia que existe entre la fuerza mayor, como causal de exoneración de responsabilidad por el incumplimiento del contrato, en aquellos eventos en los que su ejecución se torna imposible, y la teoría de la imprevisión, en la que se impone la ejecución del contrato, por cuanto la misma no resulta imposible, sino que, en virtud de esa circunstancia, imprevista e imprevisible, ajena a la voluntad del afectado, se hace más difícil y excesivamente onerosa.

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DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Debe demostrarse que se cumplió a cabalidad con las propias obligaciones.

Para la prosperidad de la pretensión de desequilibrio económico del contrato, además de la acreditación de la real afectación extraordinaria de la ecuación contractual, por causas ajenas a su voluntad, se le exige al demandante la comprobación de que cumplió a cabalidad con sus obligaciones y que el contrato fue ejecutado en la forma y tiempo debidos, sin haber obtenido de parte de la entidad contratante reconocimiento alguno a título de compensación por la afectación de la ecuación contractual, si quiere sacar avante sus aspiraciones de restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

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PRINCIPIO DE BUENA FE

En la etapa precontractual. Responsabilidad patrimonial.

Como exigencias derivadas de la buena fe en la etapa de formación del contrato se alude, de modo general, a los deberes de lealtad y corrección y, dentro de aquéllos, a la necesidad de que -en cumplimiento de las cargas que supone el ejercicio de la autonomía de la voluntad- las partes sean claras, exigencia que es predicable de todos los aspectos que conciernen al negocio. Lo anterior, justifica que quien realice una invitación para presentar ofertas tenga que asumir las consecuencias que conlleve la ambigüedad o imprecisión, objetivamente apreciable en los pliegos de condiciones o términos de referencia.

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ACTOS PRECONTRACTUALES

Prestadores de servicios públicos domiciliarios.

UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA. Por regla general, los actos precontractuales de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como, de resultar aplicables, por los principios que orientan la función administrativa. Consecuencia de lo anterior, las controversias relativas a actos precontractuales de prestadores de servicios públicos domiciliarios de conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, se deberán tramitar a través de la acción de reparación directa.

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RECHAZO DE LAS OFERTAS

Por manipulación de información errónea, inexacta o falaz.

Suministrar información contraria a la realidad en una oferta no puede ser objeto de subsanación dentro de ningún procedimiento de selección. En este sentido, resulta inadmisible sostener que una entidad estatal tenga el deber de adjudicar un procedimiento administrativo de selección a una determinada oferta a sabiendas de que, aunque en apariencia tendría las mejores condiciones, en realidad sería, por su contenido, total o parcialmente, una propuesta mentirosa, fraudulenta o engañosa.

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PRINCIPIO DE IGUALDAD

En los procesos de selección.

La administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás oferentes. En consecuencia, en virtud de este principio, los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones y, por ende, por ejemplo, uno de los interesados en el proceso de selección no puede tener acceso a las condiciones del proceso de selección sin que se hubiere hecho público el respectivo proceso y, en ningún caso, el Pliego de Condiciones puede estructurarse o diseñarse en asocio con alguno de los futuros proponentes.

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GARANTÍAS CONTRACTUALES

Reglas aplicables del derecho administrativo y la contratación estatal.

En materia de Contratación Estatal la garantía única de cumplimiento se hace efectiva a través de actos administrativos mediante los cuales se declara la ocurrencia del siniestro contractual o se hacen efectivos los amparos otorgados, frente a lo cual debe mencionarse que las disposiciones del Código de Comercio no aplican en su integridad. En este sentido, se enuncian entre otras las siguientes reglas del derecho administrativo y de la contratación estatal que dan lugar a un tratamiento legal diferente al establecido en el Código de Comercio, entre las cuales se encuentran las siguientes:

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