La comisión de éxito puede utilizarse como forma de pago en los contratos estatales, pero la entidad debe contar previamente con los recursos presupuestales necesarios para cubrirla. Esta exigencia se mantiene aunque el pago dependa del resultado de la gestión y la comisión finalmente no llegue a causarse.
La modificación de los contratos estatales es jurídicamente viable únicamente de manera excepcional y bajo estrictos límites derivados de la ley, la jurisprudencia y los principios de la contratación pública. El objeto contractual constituye un límite esencial: su alteración implica la celebración de un contrato diferente y no una simple modificación.
La imposibilidad absoluta de cumplimiento constituye el núcleo del requisito de irresistibilidad en la fuerza mayor. No basta con que la obligación contractual se torne más difícil; es indispensable que el evento alegado haga imposible su ejecución, de modo que cualquier persona en la posición del deudor se vea inevitablemente sometida a sus efectos.
La variación de la tasa de cambio, cuando presenta una tendencia sostenida y conocida en el mercado, no configura un hecho imprevisible que permita el reconocimiento de desequilibrio económico bajo la teoría de la imprevisión.
La ejecución material del objeto de un convenio interadministrativo no supone, por sí sola, el cumplimiento integral del acuerdo. Las obligaciones específicas asumidas por las partes conservan su fuerza vinculante y su inobservancia puede comprometer la responsabilidad contractual, aun cuando el objetivo material perseguido mediante el convenio haya sido alcanzado. En este sentido, se pronunció el Consejo de Estado indicando que la omisión en la entrega oportuna de la información y documentación necesarias para la liquidación de un convenio interadministrativo constituye incumplimiento, incluso si el objeto hubiese sido ejecutado a satisfacción.
La imposibilidad de ejecutar la totalidad de un contrato de obra pública puede derivarse de la falta de información técnica actualizada y suficiente en los estudios previos, así como de la ausencia de coordinación con otras entidades que intervienen en el mismo territorio. Cuando la entidad contratante no suministra información real y debidamente sustentada sobre los elementos técnicos necesarios antes de la suscripción del contrato, se configura un incumplimiento de sus obligaciones, especialmente si la información entregada no corresponde a la realidad encontrada en terreno y esto imposibilita la ejecución del objeto contractual.
El plazo de ejecución estipulado en el contrato determina el término máximo para el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Una vez expirado, no resulta jurídicamente viable acordar suspensiones o prórrogas, ni derivar efectos contractuales posteriores sobre la base de actos o compromisos celebrados tras la expiración.
El contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano comprende la obligación del contratista de ejecutar la obra desde la fase inicial de diseño hasta su puesta en funcionamiento, incluyendo estudios, adquisición e instalación de equipos, transferencia de tecnología, pruebas previas a la recepción y, en algunos casos, entrenamiento del personal y puesta en marcha comercial. Esta modalidad justifica una contraprestación a precio global y alzado, y atribuye al contratista la responsabilidad de prever todas las dificultades y costos asociados a la terminación exitosa de la obra, salvo estipulación en contrario.
Las entidades estatales tienen la facultad de definir las condiciones de conformación y funcionamiento del comité evaluador, incluidas las funciones que corresponden a sus integrantes, de acuerdo con la normativa aplicable, el Manual de Contratación y las reglas previstas en los pliegos de condiciones del respectivo proceso de selección.
Para que proceda la contratación directa por urgencia manifiesta, no basta con la declaración de desastre o de calamidad. En efecto, para tal fin se requiere la concurrencia de dos actos administrativos: la declaración de calamidad pública o desastre y, posteriormente, la declaratoria de urgencia manifiesta, ambos fundamentados en la Ley 1523 de 2012 y el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.