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Uso del Clasificador de Bienes y Servicios

Proporcionalidad y adecuación en la verificación de experiencia de proveedores.

La verificación de la experiencia de los proveedores en procesos de contratación estatal debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato, considerando el valor, la complejidad y el riesgo. La experiencia se acredita mediante la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), en el tercer nivel, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa

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Inhabilidad para contratar derivada de responsabilidad fiscal

Antecedentes disciplinarios y judiciales constituyen inhabilidad para contratar

La inclusión de una persona natural o jurídica en el Boletín de Responsables Fiscales, como consecuencia de un fallo en firme y ejecutoriado que implique responsabilidad fiscal, genera una inhabilidad legal para contratar con el Estado. Esta inhabilidad permanece vigente mientras subsista el reporte y no se haya acreditado el pago de la obligación o la exclusión del boletín; esto conforme a los términos y condiciones previstos en la Ley 610 de 2000 y la Ley 1952 de 2019.

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Terminación y liquidación unilateral. Facultades unilaterales

En los contratos regidos por el derecho privado. Abuso del derecho y debido proceso.

La facultad de terminación y liquidación unilateral en contratos regidos por el derecho privado se fundamenta en la autonomía de la voluntad, permitiendo a las partes pactar cláusulas resolutorias expresas que habilitan la extinción del vínculo sin requerir declaración judicial previa, siempre que se configuren los eventos específicos acordados. El ejercicio de esta potestad no constituye abuso del derecho por sí mismo; solo adquiere tal carácter cuando se despliega de manera arbitraria o de mala fe, afectando los derechos del cocontratante y generando responsabilidad contractual.

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Subsanación de documentos habilitantes en procesos de selección

El documento que subsana puede ser posterior al cierre del proceso siempre y cuando el mismo acredite hechos previos. Los errores formales son subsanables.

La subsanabilidad de documentos en los procesos de selección se rige por dos criterios fundamentales a saber: el primero, que el requisito omitido no afecte la asignación de puntaje y el segundo, que la circunstancia que se pretende acreditar haya ocurrido antes del cierre del proceso. En este este segundo punto, debe precisarse que la prueba documental puede ser aportada con una fecha de expedición posterior al cierre, siempre que certifique hechos previos al vencimiento del plazo para presentar ofertas.

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Las multas en los contratos estatales regidos por el derecho privado pueden imponerse incluso por fuera del plazo de ejecución.

La indemnización por incumplimiento exige acreditar los perjuicios, su cuantía y relación causal.

La ausencia de una restricción temporal en la cláusula de multas, en contratos sometidos al derecho privado, impide sostener que su imposición quede limitada al periodo de ejecución, de modo que pueden hacerse efectivas aun después de vencido el plazo contractual.

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Comités de contratación

Integración por contratistas, responsabilidades y régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.

La función de los comités asesores, estructuradores o evaluadores en materia de contratación pública se encuentra delimitada por los actos administrativos internos de cada entidad. En consecuencia, su existencia, alcance y funciones dependen exclusivamente de lo previsto en dichos actos, siendo el jefe o representante legal quien determina la necesidad de su creación, define sus funciones y establece su forma de integración.

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Adición de contratos

Se puede ampliar un contrato de mínima cuantía o de selección abreviada si, con esa modificación, se supera la cuantía permitida para esa modalidad

Es posible adicionar un contrato celebrado bajo la modalidad de mínima cuantía o selección abreviada de menor cuantía, incluso si como resultado de dicha modificación se excede el tope máximo establecido para esa modalidad. Sin embargo, esta posibilidad está condicionada a que la necesidad de la adición sea sobreviniente a la celebración y ejecución del contrato, y a que se cumpla el límite cuantitativo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece que los contratos estatales no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales.

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Contratos y convenios interadministrativos

Costos directos e indirectos. En los Convenios Interadministrativos no es procedente el AIU.

Tanto en los contratos como en los convenios interadministrativos es posible incluir costos y gastos administrativos. No obstante, debido a la naturaleza jurídica de cada figura, estos rubros tienen una finalidad y alcance diferente. En el marco de un convenio interadministrativo, las entidades públicas pueden incorporar los costos o gastos administrativos asociados a sus respectivos aportes técnicos, administrativos, financieros o económicos, siempre que estén orientados a contribuir, en el ámbito de sus competencias, al cumplimiento de los compromisos comunes y a garantizar la viabilidad operativa del convenio. En contraste, en los contratos interadministrativos, debido a su naturaleza onerosa y conmutativa, estos rubros hacen parte de la contraprestación pactada a favor de la entidad ejecutora, es decir, forman parte del precio o retribución económica a una de las partes por los bienes o servicios que presta.

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Contrato de prestación de servicios

Criterios jurisprudenciales para identificar vínculos laborales en la contratación estatal.

La contratación estatal de prestación de servicios personales, regulada por el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, no genera relación laboral ni da lugar al reconocimiento de prestaciones sociales, y debe celebrarse únicamente por el término estrictamente indispensable. No obstante, se ha precisado que la distinción entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios radica en la existencia del elemento de subordinación o dependencia. En este sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional han establecido unos criterios para determinar el carácter permanente de la actividad, entre los cuales se destacan los siguientes:

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