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Cuando se celebra un contrato de prestación de servicios con la finalidad de disimular una verdadera relación laboral, o cuando el acuerdo en principio tuvo las notas características de un contrato de la referida naturaleza y se convierte con el tiempo, en razón de las obligaciones impuestas al contratista, en una relación de dependencia y subordinación, quien se ve sometido a tal circunstancia tiene derecho a reclamar el reconocimiento de la condición real de trabajador y por ende, el pago de las prestaciones que de tal relación se derivan.

El interventor debe velar porque se cumplan las especificaciones técnicas del objeto del contrato, al igual que las actividades o acciones administrativas, legales, financieras y presupuestales a cargo del contratista e, igualmente, debe realizar un acompañamiento directo al contratista para asegurar la adecuada y total ejecución del contrato; Por ende, si el interventor no se encuentra de acuerdo con tales órdenes de la entidad estatal contratante, deberá realizar las salvedades correspondientes y/o asesorar a la entidad en la respectiva modificación del Contrato, si a ello hubiere lugar.

Sólo procede invocar el quebrantamiento de un principio que regula la contratación estatal o la función administrativa, como único elemento descriptor de una conducta disciplinaria, en dos circunstancias a saber:

Si bien en su momento se sostuvo que una vez vencidos los términos para liquidar bilateral o unilateralmente iniciaba el cómputo de los dos años de la caducidad de la acción contractual, al considerar que el acto de liquidación en modo alguno podría revivir los términos para computar la caducidad de la acción, en la actualidad el criterio preponderante apunta a tener como parámetro para el computo de los términos, la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral o la ejecutoria del acto de liquidación unilateral, según fuere el caso.