CONTRATACIÓN ESTATAL

Temas jurídicos a tener en cuenta por el COVID-19.

Teniendo en cuenta la especial situación que vive el mundo y nuestro país por el Coronavirus - COVID-19, a continuación realizaremos un análisis desde una perspectiva jurídica en relación con el impacto de la emergencia en la ejecución de los diferentes contratos del Estado, para lo cual haremos unas breves reflexiones en relación con la posibilidad o no de suspender, modificar o terminar los contratos de mutuo acuerdo o unilateral, así como el tema del equilibrio económico y la integración de las normas de orden público a los acuerdos de voluntad. En este sentido desarrollaremos los temas anteriormente mencionados, en los siguientes términos:

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CONTRATACIÒN ESTATAL

Adquisición de dispositivos médicos y elementos de protección.

Los contratos que tengan por objeto la adquisición en el mercado internacional de dispositivos médicos relacionados en el artículo 1 del Decreto Legislativo 438 del 19 de marzo 2020 y elementos de protección personal requeridos en la gestión sanitaria para atender casos sospechosos o confirmados de Coronavirus COVID-1 en el marco la declaración Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, no se regirán por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en consecuencia le serán aplicables las normas de derecho privado.

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URGENCIA MANIFIESTA

Las medidas adoptadas deben guardar relación con su declaratoria.

Las medidas que se adopten y el objeto de los contratos que se celebren por la vía de la contratación directa, en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta, no solo deben guardar directa relación con el estado de crisis que se pretende mitigar, sino que, además, las estipulaciones contractuales en torno al precio y plazo que se pacten para su ejecución igualmente deben responder a la necesidad y urgencia que motivó su celebración.

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RECHAZO DE UNA OFERTA

Derecho al debido proceso y derecho de defensa.

El rechazo de una oferta no comporta una sanción en sentido formal ni material. En este sentido, se indica que el derecho al debido proceso y derecho de defensa se materializa en los procedimientos de selección dando a conocer a los participantes de las deficiencias que se atribuyen a sus ofertas y de constatar que ejercieron su derecho de contradicción y defensa, desde antes de la celebración de la audiencia de adjudicación y durante la misma, si fuere el caso, sin que se requiera adelantar un procedimiento administrativo adicional al contemplado por la ley para el procedimiento mismo de selección del contratista.

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