Los contratos de arrendamiento celebrados por entidades estatales no se encuentran excluidos del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. En este sentido, cuando el arrendador percibe ingresos derivados del canon de arrendamiento, se encuentra sujeto a las reglas aplicables a los trabajadores independientes en materia de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.
Las actividades de elaboración y suscripción de estudios previos, la supervisión de contratos estatales, el apoyo a la supervisión y la firma de actas de liquidación no configuran, por sí mismas, la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), por cuanto no se encuentran expresamente previstas ni implican, en sí mismas, el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1081 de 2015.
La protección derivada del fuero de maternidad aplica a mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, incluso cuando no se configura un contrato realidad. Esta protección reforzada opera si el contratante conoce el estado de embarazo de la contratista y subsisten la causa del contrato.
El fraccionamiento contractual no depende del sometimiento de la entidad a la Ley 80 de 1993, sino de la omisión de los requisitos legales esenciales que rigen la contratación según el régimen especial de cada entidad. En este sentido, para las entidades públicas cuyo régimen contractual se basa en el derecho privado, la validez de los contratos está condicionada al cumplimiento de los principios de función administrativa y gestión fiscal, así como a las disposiciones de sus manuales internos de contratación.
La convocatoria limitada a MIPYMES no es discrecional, sino obligatorias bajo ciertos requisitos normativos. En efecto, según el artículo 34 de la Ley de Emprendimiento y el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, las entidades estatales están obligadas a aplicar el incentivo de convocatorias limitadas a MIPYMES cuando se cumplan los requisitos establecidos en la normativa, independientemente del objeto del contrato, lo cual incluye que el valor del proceso de contratación sea menor a US$125.000, lo que se cumple cuando no se generen erogaciones presupuestales o cuando la cuantía del Proceso de Contratación sea cero (0).
Las restricciones de la Ley de Garantías Electorales no aplican a procesos competitivos del Decreto 092 de 2017. Debido a esto, es posible afirmar que, en los periodos prelectorales durante los que rigen tales restricciones, las entidades estatales a las que se refiere dicha reglamentación pueden adelantar con normalidad procesos competitivos para la contratación u asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, garantizando selección objetiva y pluralidad de oferentes.
Aun cuando la plataforma SECOP se encuentre disponible, la entidad puede declarar el sábado o el domingo como días hábiles para efectos administrativos y de gestión contractual, con el fin de adelantar actuaciones internas y trámites precontractuales, sin que ello implique la modificación de las reglas del proceso ni de los términos establecidos. Esta decisión debe adoptarse mediante acto administrativo motivado, publicarse oportunamente y comunicarse de manera clara a los interesados, en garantía del principio de transparencia.
La adquisición de predios mediante enajenación voluntaria por parte de entidades estatales, no está sujeta a la restricción del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 en su etapa preparatoria o administrativa o preliminar, como avalúos, ofertas de compra y negociaciones, que no impliquen la celebración de contratos, pueden desarrollarse válidamente durante el período de restricción, en la medida en que dicho artículo se refiere a la celebración de contratos de forma directa, y no a las actuaciones administrativas que se puedan generar previamente.
Las modificaciones no pueden alterar aspectos esenciales del convenio, como lo es por ejemplo el objeto contractual, ni desnaturalizar su esencia al punto de convertirlo en un negocio jurídico distinto. Ahora bien, en el contexto de la Ley de Garantías Electorales, cualquier modificación que implique la celebración material de un nuevo convenio podría contravenir las restricciones legales establecidas en los artículos 33 y 38 de dicha ley. Por lo tanto, las entidades deben evaluar cuidadosamente el impacto de las modificaciones para garantizar el cumplimiento de las normas y preservar los principios de igualdad y transparencia.
La modalidad de contratación llave en mano y precio global implica que el contratista asume el riesgo de ejecutar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto pactado, sin que se reconozcan pagos adicionales por mayores cantidades de obra. Este esquema de contratación traslada al contratista los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, incluyendo la necesidad de realizar mayores cantidades de obra, siempre que estas se encuentren dentro del alcance del objeto pactado.