Si una entidad pública en un proceso de contratación directa solicita diferentes cotizaciones, por tal exigencia, en modo alguno es aplicable el procedimiento de calificación de ofertas o las reglas establecidas por la ley para la licitación pública.
La evaluación de la oferta debe realizarse respecto del precio real ofertado, el cual incluye los valores que debe pagar la entidad para adquirir el bien, obra o servicio, como los impuestos. Conforme lo anterior y dado que el IVA hace parte del precio, el mismo, en todo caso debe ser ponderado al momento de la evaluación de las ofertas, así uno de los oferentes no sea responsable de IVA.
Con ocasión a la modificación de la regla de origen aplicable a los Servicios Nacionales, realizada con el fin de acercar el mercado de compras públicas a las empresas colombianas, promoviendo el empleo en el país y generando emparejamientos y encadenamientos productivos, Colombia Compra Eficiente procedió a modificar los Documentos Tipo adoptados.
En los procesos de licitación pública las Entidades Estatales otorgarán hasta el tres por ciento (3%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones a las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada que tengan dentro de su personal operativo mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de cuarenta y cinco (45) años vinculados a la planta de personal, con todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, de acuerdo con los siguientes criterios:
Ni siquiera los casos de empate limitan el alcance de la selección objetiva en la contratación estatal. En efecto, las entidades estatales no pueden en modo alguno inaplicar los criterios y factores de empate, porque ello podría vulnerar el principio de igualdad, especialmente, cuando algunos de estos criterios surgen como acciones afirmativas para ciertos sectores de la población.
El derecho al debido proceso comprende no solo la garantía de conocer los cargos que se están imputando, sino también el hecho de contar con un plazo para efectos de estructurar la defensa, con el fin de presentar los argumentos, controvertir, aportar y solicitar pruebas.
La figura del reajuste de precios no es exclusiva de los contratos estatales ni opera únicamente en ellos, toda vez que tiene que ver con la forma como las partes acuerden el valor y forma de pago de los negocios jurídicos que ellas celebren, así estos se hallen sujetos a las normas del derecho privado.
Con el fin de dar aplicación a la Sentencia de Unificación proferida en días pasados en relación con el contrato realidad y, para efectos de prevenir el daño antijurídico, se impartieron unas orientaciones y lineamientos de carácter preventivo, que se indican a continuación:
En el proceso mediante el cual se unificó la jurisprudencia relacionada con el tema del contrato realidad y el periodo de treinta (30) días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, en tal proceso, se solicitó la aclaración y/o adición de la sentencia proferida el pasado 9 de septiembre del año en curso, en el que se manifestó lo siguiente:
La desviación de poder ocurre cuando una autoridad pública emite un acto para el cual está facultada y con las formalidades debidas, pero lo hace persiguiendo fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico. Esta circunstancia hace que el acto o contrato sea anulable, porque la autoridad ejerce las atribuciones conferidas por la ley con una finalidad diferente de la prevista por ella, bien en beneficio personal o de un tercero.