Cuando se declara la nulidad de un acto administrativo mediante el cual se impone una multa, es necesario que el demandante en el proceso demuestre los daños y perjuicios causados por la entidad estatal contratante, como lo es por ejemplo el pago de la multa o que la imposición de la misma creó, modificó o extinguió alguna situación jurídica a la demandante.
El juez no sólo tiene la facultad sino el deber de declarar la nulidad absoluta total o parcial de un contrato estatal, aun sin petición de parte, cuando esté demostrada en el proceso la causal prevista en la ley”. Sin embargo, es preciso indicar que esa atribución no desplaza el deber de estudiar la legalidad de los actos que le fueron puestos a consideración.
La ruptura del equilibrio financiero del contrato supone la alteración en la correlación y equivalencia en las prestaciones pactada al inicio de la suscripción del contrato, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que dentro de la relación contractual ostenta posición de supremacía frente a su co-contratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes.
Para que se pueda alegar el incumplimiento de un contrato estatal una vez este ha sido objeto de liquidación unilateral, necesariamente debe demandarse la legalidad de dicho acto.
El derecho a la estabilidad laboral reforzada de persona en estado de debilidad manifiesta por razones de saludse predica de todo individuo que presente una afectación en su estado de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, o la trabajadora se halle en estado de embarazo, con independencia de la vinculación o de la relación laboral que la preceda.
El artículo 1081 del Código de Comercio regula el tema relacionado con la prescripción en el contrato de seguro y contempla dos modalidades extintivas de las acciones que dimanan de aquel: A la primera, denominada prescripción ordinaria, le asigna un término extintivo de dos años contados a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento, real o presunto, del hecho que da causa a la acción; y respecto de la segunda, llamada extraordinaria, la norma consagra un término máximo de cinco años contados a partir del momento en que nace el derecho y en relación con toda clase de personas.
Quien presta sus servicios profesionales al Estado, en principio, no tiene prohibición de celebrar otros contratos de la misma índole, así como tampoco se encuentra limitado para contratar con entes de naturaleza privada.
En vigencia de la Ley 446 de 1998 y antes de la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007, la entidad contratante contaba con dos meses a partir del vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo, para liquidar unilateralmente el contrato mediante acto administrativo.
Conozca los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- sobre la aplicación de la ley de garantías electorales para el año 2019.
Los contratistas de las entidades del Estado se encuentran igualmente sometidos a respetar el principio de planeación y, por ende, aquéllos tienen la carga de analizar la suficiencia y consistencia de los estudios previos y de mercado, en orden a definir su participación en los procesos de selección, así como el contenido de su oferta, sin que el Contratista pueda desconocer los términos y condiciones que aceptó y/o mucho menos aquellos que negoció con la entidad pública cuando de contratos adicionales se trata.