La prueba del incumplimiento contractual no necesariamente equivale a la prueba del derecho al reconocimiento de los perjuicios. En efecto, en materia contractual, si no se acredita el perjuicio irrogado, no procede la indemnización de perjuicios causados.
Si lo que se pretende obtener es la declaratoria de incumplimiento de un contrato estatal, es necesario tener en cuenta que para que se estructure la responsabilidad contractual, es necesario acreditar:
El contrato debe ser cumplido en el plazo de ejecución pactado entre las partes. En este sentido, el hecho que la entidad pública reciba el bien o la obra contratada con posterioridad al vencimiento del plazo no puede ser entendido como una extensión regular del plazo previsto en el mismo para ejecutarlo.
Si el resultado esperado de un contrato no se cumplió, tal circunstancia puede obedecer a que el interventor incumplió con la obligación de exigir el cumplimiento del Contrato y, ello se traduce en el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, por la conexidad funcional que existe entre uno y otro negocio jurídico.
Los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de adopción de planes, programas, proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, gerencia de proyectos de inversión, facultades administrativas sancionatorias, ejercidas bien sea a través de la ordenación de gasto y/o la contratación pública, se considerarán personas expuestas políticamente.
Siendo la garantía de estabilidad de la obra una obligación de resultado, la carga de la prueba se contrae a la acreditación del daño, la magnitud del mismo y el nexo causal con la actividad del contratista, vale decir, la prueba de que el daño le es imputable a este, por vicios de la construcción, de los materiales o vicios del suelo que el constructor por razón de su actividad debió prever.
La Administración sólo está habilitada para declarar desierto un proceso de selección, cuando los motivos aducidos evidencien que, en efecto, no se daban las condiciones para realizar la escogencia objetiva de ninguna propuesta. En los demás casos, la Administración está compelida a escoger como contratista al proponente que hubiese presentado el ofrecimiento más favorable, so pena de contravenir el principio de economía previsto en el artículo 25.18 de la Ley 80 de 1993.
Cuando quien presenta la demanda es el representante legal de un consorcio o una unión temporal, a pesar de que no cuentan con personería jurídica, se encuentran legalmente facultadas para concurrir al proceso judicial con independencia que cada uno de sus miembros concurran de manera individual.
Es improcedente invocar el hecho del príncipe alegando la imposición de nuevos tributos como supuesto de un desequilibrio económico en los contratos suscritos por entidades que se rigen en su actividad por el derecho privado. En este sentido, tal pretensión debe ser analizada bajo la teoría de la imprevisión, para lo cual deben tenerse en cuenta los siguientes presupuestos:
Las salvedades incorporadas en las Actas de Liquidación de un Contrato Estatal condicionan y demarcan las controversias que se pueden proponer y abordar en sede judicial. En este sentido, la acción contractual sólo puede versar sobre aquellos aspectos en relación con los cuales el demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo.