La falta de pago, por parte de la entidad estatal contratante se enmarca en el campo del incumplimiento del contrato y no en el del rompimiento de su equilibrio económico, pese a lo indicado en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la ley 80 de 1993 que señala que es derecho de los contratistas recibir oportunamente la remuneración pactada.
Cuando la acción ejecutiva se dirige a exigir a una de las partes de un contrato estatal de obra al cumplimiento de una obligación derivada de éste, no basta con aportar el documento en el que consta el acuerdo de voluntades, sino que se requieren, además y entre otros documentos, las actas de iniciación de obra, las cuentas de cobro, las actas de recibo parcial o total, todas ellas necesariamente debidamente suscritas.
Conozca el fallo mediante el cual se declaró la nulidad del acto de elección del señor Antanas Mockus como Senador de la República, comoquiera que el Consejo de Estado encontró acreditada la causal de inhabilidad conocida como “celebración de contratos con entidades públicas”, debido a que aquel era el representante legal de una entidad sin ánimo de lucro que en el mes de noviembre de 2017 celebró contratos con entidades estatales. Se resalta que el mencionado fallo no fue unánime dado que la sentencia contiene un salvamento de la doctora Lucy Jeannette Bermúdez y una aclaración de voto por parte de la doctora Rocío Araujo.
En los eventos en que se pretende la declaratoria de incumplimiento y el pago de prestaciones ejecutadas y adeudadas por la ejecución de un contrato estatal, quien alega dicha circunstancia tiene la carga de acreditar que cumplió cabalmente las obligaciones a su cargo o que estando dispuesto a satisfacerlas le fue imposible ejecutarlas por causas imputables a su contraparte.
Las áreas metropolitanas no han sido incluidas como sujetos activos de la contribución especial de obras públicas en ninguna de las disposiciones que las han regido. En este sentido, son competentes para recibir los recursos provenientes de la contribución especial sobre obras públicas, los municipios como sujetos activos de ese tributo, en la proporción que corresponda a su aporte al patrimonio de la respectiva área metropolitana.
Solamente se puede declarar desierta la licitación con fundamento en reglas que identifiquen factores objetivos de selección –en contraposición a los subjetivos-, sometidos en cada caso al análisis de la razonabilidad y proporcionalidad de acuerdo con las disposiciones del pliego de condiciones.
La reclamación por los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de un Contrato por parte de una entidad del Estado, sólo es procedente si en el proceso judicial se acredita el valor de los perjuicios ocasionados, sin que el reproche por el incumplimiento y/o el obrar irregular del contratante por sí sólo tengan la virtualidad de conllevar a una indemnización.
Si una vez celebrado el contrato y en plena ejecución del mismo, surgen circunstancias que hacen necesario prorrogarlo o adicionar su plazo, en este caso resulta procedente hacerlo, siempre que la entidad lo considere conveniente y así lo acuerde con el contratista.
La liquidación bilateral del contrato estatal debe estar suscrita, en principio, por el jefe o el representante legal de la entidad estatal contratante; lo anterior, sin perjuicio de la facultad de delegación para su suscripción. En otras palabras, no basta que el Acta de Liquidación se encuentre firmada simplemente, por ejemplo, por el Interventor del Contrato, sino se requiere que la misma venga suscrita por el representante legal de la entidad o su defecto por su delegado con el fin que la misma tenga validez y fuerza vinculante.
La extensión de la vinculación en el tiempo de un contrato de prestación de servicios con el Estado, no se traduce per se en el encubrimiento de una relación de carácter laboral en tanto que, no sólo se debe demostrar que en la planta de personal de la entidad demandada existe un cargo con idénticas o similares funciones o que la necesidad del servicio sobrepasó el tiempo estrictamente indispensable para la contratación y, en todo caso, acreditar fehacientemente que el demandante se encontraba en situación de subordinación y dependencia continuada.