Una oferta es artificialmente baja cuando a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector. Ahora bien, identificada la oferta con precios artificialmente bajos, la entidad debe:
Se extendió hasta el año 2023 la facultad para inscribir en el RUP la información financiera y organizacional de los oferentes correspondiente a los últimos 3 años fiscales anteriores a la inscripción, renovación o actualización del RUP.
Los contratos o convenios entre entidades estatales tienen la calidad de interadministrativos, independientemente de que sean celebrados de manera directa o como consecuencia de un procedimiento con pluralidad de oferentes.
La aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y reciproca lealtad que se deben los contratantes, para la realización y cumplimiento del contrato estatal.
Cuando la Administración adjudica el contrato a un proponente que no formuló la oferta más favorable, esas circunstancias generan un perjuicio al oferente que debió resultar favorecido con la selección, daño que, por regla general, se concreta en la pérdida de oportunidad de recibir la utilidad que esperaba obtener por la ejecución del contrato. Ahora bien, en relación con la cuantificación del perjuicio se ha indicado que el mismo se debe tasar en la utilidad neta.
En materia probatoria, la presunción que establece artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo que trata de los elementos esenciales del Contrato de Trabajo y que impone la carga de la prueba en manos del empleador, es diferente, tal presunción, en las relaciones entre los particulares frente al Estado, quienes deben asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.
Para probar el desequilibrio económico de un Contrato Estatal, se impone acreditar cuáles eran las condiciones de equilibrio propias del acuerdo de voluntades, aportando la estructura de costos de ejecución con la cual se aceptó suscribir el contrato.
Si se recibe una observación extemporánea sobre el proyecto de pliego de condiciones, el pronunciamiento debe realizarse antes de proferir el acto administrativo de apertura del proceso de selección; si es sobre el pliego de condiciones definitivo, la respuesta debe realizarse antes del cierre o presentación de las ofertas y, si es sobre el informe de evaluación la respuesta debe realizarse antes de la adjudicación.
Es un deber de las entidades estatales el de respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas, lo cual debe verse materializado en la consolidación de un registro público en el que conste dicho orden, así como en la efectiva realización de los pagos conforme al mismo.
Si bien la Ley 80 de 1993 establece que los contratos de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de trabajo.