La responsabilidad por el control y vigilancia de la ejecución del contrato está a cargo de la Entidad Estatal contratante y, en consecuencia, es ésta quien debe supervisar los contratos mediante sus funcionarios o servidores públicos, y únicamente puede contratar personal en caso de necesitarlo como apoyo a su gestión en la supervisión.
La responsabilidad por el control y vigilancia de la ejecución del contrato está a cargo de la Entidad Estatal contratante y, en consecuencia, es ésta quien debe supervisar los contratos mediante sus funcionarios o servidores públicos, y únicamente puede contratar personal en caso de necesitarlo como apoyo a su gestión en la supervisión.
El Consejo de Estado resolvió suspender provisionalmente los efectos del decreto que fijó el salario mínimo legal mensual vigente, al advertir que no se aplicaron de manera concreta y verificable los parámetros establecidos en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996. Aunque el decreto enunció los criterios legales, se consideró que no justificó cómo estos incidieron en la determinación del incremento del 23%, lo que evidenció una posible sustitución de los parámetros legales por el concepto de salario vital.
Las Entidades Estatales pueden establecer equivalencias entre formación y experiencia, siempre que se definan desde la etapa de planeación y queden expresamente previstas en los documentos del proceso con criterios claros y objetivos. En este marco, debe manifestarse que las reglas de orden legal del régimen de empleo público no son obligatorias en la contratación pública y solo pueden adoptarse como referente si así se dispone en los pliegos de condiciones o los documentos precontractuales, sin que tales reglas puedan aplicarse de manera directa si no existe una previsión previa y expresa dentro del proceso de contratación.
En los procesos de contratación pública donde es obligatorio el Registro Único de Proponentes (RUP), los indicadores de capacidad financiera y organizacional deben evaluarse con la información vigente y en firme al momento del cierre del proceso.
La figura del amigable componedor se ha consolidado como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos en el ámbito contractual. Este instrumento permite que las partes involucradas en una controversia deleguen en un tercero, la facultad de analizar y decidir sobre las diferencias surgidas en el cumplimiento de un contrato. A diferencia del arbitraje, la amigable composición se caracteriza por su naturaleza flexible, ya que el amigable componedor puede basar su decisión en principios de equidad, además de las normas legales aplicables.
Los contratos de arrendamiento celebrados por entidades estatales no se encuentran excluidos del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. En este sentido, cuando el arrendador percibe ingresos derivados del canon de arrendamiento, se encuentra sujeto a las reglas aplicables a los trabajadores independientes en materia de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.
Las actividades de elaboración y suscripción de estudios previos, la supervisión de contratos estatales, el apoyo a la supervisión y la firma de actas de liquidación no configuran, por sí mismas, la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP), por cuanto no se encuentran expresamente previstas ni implican, en sí mismas, el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1081 de 2015.
La protección derivada del fuero de maternidad aplica a mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, incluso cuando no se configura un contrato realidad. Esta protección reforzada opera si el contratante conoce el estado de embarazo de la contratista y subsisten la causa del contrato.
El fraccionamiento contractual no depende del sometimiento de la entidad a la Ley 80 de 1993, sino de la omisión de los requisitos legales esenciales que rigen la contratación según el régimen especial de cada entidad. En este sentido, para las entidades públicas cuyo régimen contractual se basa en el derecho privado, la validez de los contratos está condicionada al cumplimiento de los principios de función administrativa y gestión fiscal, así como a las disposiciones de sus manuales internos de contratación.