ACTO DE ADJUDICACIÓN

Acción procedente.

La impugnación del acto de adjudicación de un proceso de selección de contratistas adelantado por una entidad estatal solo resulta posible a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por quien se encuentre legitimado para ello y dentro del término de caducidad de la referida acción y en consecuencia, no resulta procedente la demanda del acto de adjudicación, en ejercicio de la acción de simple nulidad, ejercida por cualquier persona, con la única finalidad de ejercer un control objetivo de legalidad.

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CONTRATACIÓN ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Se suspende algunas disposiciones del Decreto 92 de 2017.

El propósito de garantizar la libre competencia en el mercado, no se ajusta a la finalidad del artículo 355 de la Constitución Política, pues desconoce que las entidades sin ánimo de lucro no participan en el mercado de bienes y servicios como lo hacen las demás y, por la misma razón, no se les pueden aplicar las reglas de selección contenidas en el Estatuto General de la Contratación Pública. En este sentido, las entidades a las cuales la norma constitucional busca apoyar son entidades que (i) no tienen ánimo de lucro y (ii) desarrollan programas y actividades de interés público con reconocida idoneidad.

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NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL

Conozca el laudo arbitral de la concesión ruta del sol.

Cuando un contrato estatal se celebra en virtud de o en desarrollo de conductas irregulares, ilícitas y delictivas, es un contrato que adolece de objeto ilícito por la violación sistemática, directa y evidente de todas las normas legales de carácter imperativo y de orden público. Así mismo, se configura una desviación de poder, la cual se genera, cuando se está ante la intención particular, personal o arbitraria de un sujeto que actúa en nombre del Estado, en la búsqueda de una finalidad contraria a la establecida en las normas que rigen la materia.

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CONTRATO REALIDAD

Pago de la indemnización moratoria.

La aquiescencia por parte de un contratista de prestación de servicios para acudir a una forma de contratación distinta a la laboral cuando en realidad se trata de un verdadero contrato de trabajo, no exime de la condena al pago de la indemnización moratoria, si en el proceso judicial no se demuestra que su actuar estuvo revestido de buena fe, para lo cual no basta con indicar simplemente que el demandante en su momento sin objeción alguna suscribió el respectivo contrato.

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