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Las Entidades del Estado pueden de manera excepcional ampliar los plazos que haya previsto en los pliegos de condiciones, siempre que estas modificaciones sean necesarias y razonables, para lo cual es necesario resaltar que las prórrogas son de carácter excepcional y por tanto, una vez vencido el término sin que se efectúe la actividad correspondiente en el proceso de selección, la administración habrá perdido la oportunidad para prorrogar los plazos, por cuanto carecerá de competencia temporal para realizarla.

Teniendo en cuenta que la ley no regula la suspensión del contrato como potestad, prerrogativa o privilegio de la entidad estatal, ni faculta al contratista a ejercerla. La única modalidad para suspender la ejecución de un contrato, es mediante la voluntad común o conjunta de las partes plasmada mediante escrito. Ahora bien, dado el interés público que representa la debida ejecución del Contrato Estatal, las partes contratantes al decidir sobre la suspensión, deberán tener en cuenta los siguientes puntos a saber:

La facultad para modificar un contrato por parte de la Administración es limitada y debe respetar la sustancia del contrato celebrado, pues una alteración extrema significaría finalmente un contrato diferente. En otras palabras, las adiciones a los contratos estatales no pueden conducir a la modificación del objeto contractual.

Dos son los principios rectores en materia de interpretación de los contratos, que corresponden: (i) la búsqueda de la común intención de las partes —communis intentio o voluntas spectanda— y (ii) la buena fe contractual. Ahora bien, en lo que respecta a las reglas de interpretación de los contratos, a continuación se enuncian las mismas a saber: