Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares.
Las causas de la ruptura del equilibrio financiero del contrato tienen como denominador común la imprevisibilidad y anormalidad del hecho que origina el desequilibrio, lo cual implica que, para que se reconozca el rompimiento de la ecuación económica se requiere que tal fenómeno no se haya originado dentro del margen de riesgo propio del contrato ni bajo las circunstancias previstas por las partes al distribuir, precisamente, los riesgos del objeto contractual, en las cláusulas del negocio jurídico.
La teoría de la imprevisión se aplica cuando la ejecución de un contrato conmutativo se torna excesivamente onerosa para una de las partes, debido a hechos extraordinarios e imprevisibles y sobrevinientes a su celebración, de forma que se autoriza su revisión por parte del juez, con el objeto de reajustar el contrato. Según la doctrina y la jurisprudencia, los elementos que estructuran esta teoría son:
En virtud de lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, todas las Entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. El Plan de Acción anteriormente mencionado, deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior.
Las personas naturales que pretendan suscribir en el año 2021 un contrato de prestación de servicios por valor individual y superior a $127.078.000, deberán encontrarse inscritos como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA previamente a la suscripción del contrato, debiendo contemplar en el contrato el Impuesto al Valor Agregado – IVA.
El Estatuto de Contratación Estatal fue modificado en lo que respecta a los siguientes temas: (i) Las MIPYMES y la contratación mínima cuantía -numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007-. (ii) El artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, que refiere a la Promoción del desarrollo en la contratación pública. (iii) El artículo 12 de la Ley 590 de 2000, en lo que respecta a la promoción del acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas. (iv) Los Factores de desempate. (v) Criterios diferenciales para MIPYMES en el sistema de compras públicas. (vi) Criterios diferenciales para el emprendimientos y las empresas de mujeres en el sistema de compras públicas y, (vii) La promoción de las compras públicas de tecnología e innovación.
Teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente fijado mediante el Decreto 1785 de 2020, contratacionestatal.com le informa las cuantías para los procedimientos de Licitación Pública, Selección Abreviada y mínima cuantía para el año 2021, conforme la tabla que se indica a continuación:
No es jurídicamente procedente que en la adición o modificación de un contrato estatal se incluya una estipulación que conlleve a la renuncia de algún derecho en cabeza del Contratista; como lo es, por ejemplo, renunciar a formular reclamaciones a la entidad contratante.
No es procedente incorporar en un contrato estatal obligaciones de imposible cumplimiento y tampoco inducir ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad, todo lo cual se traduce en la imposibilidad de asignar al particular la carga de asumir cualquier tipo de riesgo sin importar su imprevisibilidad, su naturaleza y dimensión.
Son los proponentes no favorecidos con la adjudicación, a quienes se ha reconocido la aptitud para promover en juicio la nulidad del contrato derivada de la nulidad de los actos previos, de modo que, su posición en el proceso de selección les permite acreditar el interés directo para demandar; en este sentido, se destaca que el interés para demandar debe ser especial y concreto, personal y directo.