RECHAZO DE LAS OFERTAS

Por prohibición incorporada en el Pliego de Condiciones.

Las entidades estatales contratantes no cuentan con facultades para establecer, consagrar o crear prohibiciones como inhabilidades o incompatibilidades no previstas en la Constitución Política o en la ley para impedir la participación de interesados que desean o deciden intervenir en los correspondientes procedimientos administrativos de selección o causales de exclusión o de rechazo de las ofertas respectivas que tampoco correspondan a previsiones previamente consagradas en normas de superior jerarquía a la de los pliegos de condiciones; Consecuencia de lo anterior, cualquier estipulación que se incorpore en éste sentido es ineficaz de pleno derecho, en los términos del inciso final del numeral 5 del artículo 24 de la ley 80 de 1993.

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ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES

Medio de control. Proceso de liquidación forzosa.

Para determinar la acción correcta para demandar un acto administrativo, es necesario establecer cuál es el origen del daño que se alega, puesto que si aquel procede o se deriva directamente de un acto administrativo que se considera ilegal, éste deberá demandarse en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; pero si el daño proviene del incumplimiento de una obligación contractual, o del proferimiento de actos administrativos de naturaleza contractual, las reclamaciones que pretendan efectuarse con fundamento en la misma, deberán encauzarse por la vía de la acción relativa a controversias contractuales, pero si el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa, la acción procedente será la de reparación directa.

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GARANTÍA DE ESTABILIDAD DE OBRA

Debido proceso y motivación del acto administrativo.

Tratándose de la garantía de la estabilidad de obra en favor de entidades estatales, estas no pueden, al expedir el acto administrativo que declara la ocurrencia del siniestro, sustraerse de las reglas de conducta que le impone el debido procedimiento, que impone entre otras, el deber de motivar el acto administrativo indicando en él los supuestos de hecho y probatorios que soportan el acaecimiento del siniestro y por supuesto, la cuantía de la indemnización, como también, garantizar que tanto el contratista como la compañía de seguros, en ejercicio de los derechos de contradicción y legítima defensa, puedan controvertir el acto administrativo que hace efectiva la garantía.

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