Si bien es posible modificar aspectos no esenciales del contrato, como ocurre con el plazo u obligaciones a cargo del contratista que sean necesarios para asegurar el objeto del contrato y con ello los fines estatales, lo cierto es que tales ajustes en modo alguno pueden conducir a la modificación del objeto contractual.
Los casos en los que se configurar la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, con fundamento en lo dispuesto en el marco normativo y jurisprudencial, corresponde a los eventos que a continuación se enuncian:
Así se agote y se cumpla con el objeto del contrato de prestación de servicios, debe garantizarse la estabilidad laboral reforzada en el evento que la entidad contratante tenga la posibilidad de vincular a la contratista que ha informado previamente de su estado de embarazo, en los casos que la necesidad sea permanente o subsista la misma, una vez finalizado el plazo del contrato.
El denominado precio artificialmente bajo de que trata la ley 80 es aquel que resulta artificioso o falso, disimulado, muy reducido o disminuido, pero, además, que no encuentre sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial en el cual se desarrolla el negocio, es decir, que no pueda ser justificado, caso en el cual la administración estaría imposibilitada para admitirlo, so pena de incurrir en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la actividad contractual.
Las personas naturales que pretendan suscribir en el año 2019 un contrato de prestación de servicios por valor individual y superior a $119.945.000., deberán encontrarse inscritos como responsables del impuesto sobre las ventas -IVA previamente a la suscripción del contrato, debiendo contemplar en el contrato el Impuesto al Valor Agregado – IVA. Así mismo, la regla anterior aplica cuando en el año 2018 hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad en una suma igual a la anteriormente mencionada.
Teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente fijado mediante el Decreto 2451 de 2018, contratacionestatal.com le informa las cuantías para los procedimientos de Licitación Pública, Selección Abreviada y mínima cuantía para el año 2019, conforme la tabla que se indica a continuación:
Si la escogencia de un Contratista del Estado debe hacerse en audiencia pública, en ella sólo puede ocurrir una de dos cosas: o se adjudica el contrato o se declara desierta la licitación.
El Estatuto General de Contratación Estatal, no menciona de manera explícita la figura del fraccionamiento de contrato como si lo hizo en su momento el Decreto Ley 150 de 1976 y posteriormente el Decreto 222 de 1983. Sin embargo, la Ley 80 de 1992 y la Ley 1150 de 2007, contiene una serie de principios que orientan y encausan la actividad del Estado.
Cuando se celebra un contrato de prestación de servicios con la finalidad de disimular una verdadera relación laboral, o cuando el acuerdo en principio tuvo las notas características de un contrato de la referida naturaleza y se convierte con el tiempo, en razón de las obligaciones impuestas al contratista, en una relación de dependencia y subordinación, quien se ve sometido a tal circunstancia tiene derecho a reclamar el reconocimiento de la condición real de trabajador y por ende, el pago de las prestaciones que de tal relación se derivan.
El interventor debe velar porque se cumplan las especificaciones técnicas del objeto del contrato, al igual que las actividades o acciones administrativas, legales, financieras y presupuestales a cargo del contratista e, igualmente, debe realizar un acompañamiento directo al contratista para asegurar la adecuada y total ejecución del contrato; Por ende, si el interventor no se encuentra de acuerdo con tales órdenes de la entidad estatal contratante, deberá realizar las salvedades correspondientes y/o asesorar a la entidad en la respectiva modificación del Contrato, si a ello hubiere lugar.