Quien realiza una reclamación por el desequilibrio financiero del contrato, tiene la carga de demostrar que, a pesar de contarse con una partida de imprevistos, esta resultó insuficiente y superó los sobrecostos que se presentaron durante la ejecución del contrato.
La estandarización de los pliegos de condiciones no puede convertirse en un obstáculo para la consecución de los fines de interés general confiados a cada autoridad administrativa, razón por la cual, los documentos normalizados deben permitir adecuados márgenes de discrecionalidad, como instrumento indispensable para la eficacia administrativa.
La intervención en la celebración de contratos ha sido entendida como aquella gestión o actuación personal y activa en los actos dirigidos a la concreción de un acuerdo de voluntades. Esta puede darse respecto de terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales y que tienen vínculos con las partes del contrato, actuaciones de las cuales se presume la participación personal y directa en la celebración del negocio jurídico.
El término de prescripción ordinaria de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio para declarar la ocurrencia del siniestro del amparo de estabilidad de la obra, empieza a correr desde el momento en que se tiene o se ha debido tener conocimiento de determinado deterioro de la obra ocurrido durante la vigencia del mencionado amparo y no desde que se alcanza un grado de certeza sobre la magnitud del daño y la causa del mismo.
La gestión de la interventoría es de naturaleza instructiva de tipo técnico y, por ello, no goza de un poder vinculante respecto de las decisiones que le compete adoptar al ente estatal en su condición de co-contratante durante la actividad negocial.
La omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, conduce a la nulidad absoluta del Contrato Estatal.
Si bien la lesión enorme tiene plena aplicación en la contratación estatal, siempre y cuando se cumplan con los supuestos jurídicos y objetivos que prevé la ley; a su vez, debe tenerse en cuenta que cuando se ha surtido un procedimiento administrativo de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria, en el cual el vendedor ha tenido la oportunidad de manifestar su acuerdo o desacuerdo y su consentimiento para que se lleve a feliz término el procedimiento administrativo, lo anterior hace reprochable que se busque reabrir, de manera extemporánea, una discusión relativa al precio.
No puede presumirse la existencia de renunciar al reclamo de perjuicios cuando el contratista no la ha expresado al suscribir la respectiva suspensión o modificación del contrato.
Se considera alejado al principio de la buena fe que el contratista hubiera aceptado la circunstancia relativa a que la entrega de la licencia se hubiere supeditado a la finalización de ese trámite y al tiempo pretenda el reconocimiento de los sobrecostos supuestamente generados por la mayor permanencia en obra que le generó el transcurso del tiempo comprendido entre la celebración del contrato y el inicio de actividades.
Cuando se adelanta un proceso de selección viciado, irregular, ilegal, de él no puede derivarse una adjudicación legal y válida para ninguno de los participantes. En efecto, cuando se presentan hechos que impiden una evaluación válida de las ofertas presentadas –irregularidades en el pliego de condiciones que sirvió como parámetro para realizar la evaluación-, que a su vez imposibilitan una selección objetiva, no puede desprenderse de ese procedimiento, una decisión favorable, válidamente expedida a favor de ninguno de los proponentes.