A diferencia de los contratos de arrendamiento, los contratos de uso temporal del espacio público para aprovechamiento económico se encuentran autorizados por la ley, por lo que su celebración no constituye objeto ilícito.
En la imposición de una multa a una Unión Temporal, debe determinarse los porcentajes de la multa que le corresponde a cada uno de los integrantes de acuerdo con su participación, sin que sea procedente con posterioridad realizar tal ajuste, como lo es, por ejemplo, a partir del reporte enviado a la Cámara de Comercio.
Conozca el documento mediante el cual se realiza una síntesis de las restricciones a la Ley de Garantías Electorales con ocasión a las elecciones Presidenciales y de Congreso. En particular en lo que respecta a la Contratación Pública, se absuelve los siguientes puntos e inquietudes:
La procedencia de un eventual restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio económico sobreviniente no se abre paso desde la perspectiva del artículo 27 de la Ley 80 de 1993, sino a partir del ámbito de la denominada “teoría de la imprevisión”, siempre que se trate de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, que generen una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones o una alteración fundamental en el equilibrio prestacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 868 del Código de Comercio.
Para que se configure el rompimiento del equilibrio económico del contrato, que dé lugar al reconocimiento de los mayores costos a favor de la parte afectada, en síntesis, corresponde a los siguientes cuatro (4) requisitos:
Si bien la ausencia de salvedades no impide el estudio de fondo de las reclamaciones presentadas por el contratista con ocasión a la ejecución de un contrato estatal, al momento de suscribirse una modificación, adición, prórroga o liquidación del contrato, debe tenerse en cuenta para efectos de incorporar salvedades, los siguientes requisitos o criterios que se enuncian a continuación:
El Gobierno Nacional sancionó la Ley mediante la cual se decretó el presupuesto de la Nación para el año 2022. La mencionada ley incorpora el artículo que señala que, para efectos de promover la reactivación económica, la Nación podrá celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación.
Teniendo en cuenta que el día de mañana 13 de noviembre de 2021 entrará a regir la restricción de la Ley de Garantías Electorales, en virtud de la cual no se podrán suscribir Convenios ni Contratos Interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, a continuación, se desarrollará el alcance de la mencionada prohibición:
Mediante una acción de tutela se ordenó suspender la modificación a la Ley de Garantías Electorales que había sido incorporada en el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2022, con la cual se establecía unas excepciones a la prohibición de la suscripción de Convenios Interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
La inobservancia del principio de planeación no es una causal de nulidad de los contratos estatales porque la ley no lo estableció, comoquiera que es al legislador a quien le corresponde definir las causas que hacen nulo un negocio jurídico.