El debido proceso y el agotamiento de la etapa de liquidación bilateral se cumple frente a un contratista que habiendo sido convocado no asistió a las reuniones convocadas para suscribir el acta de liquidación de mutuo acuerdo.
Si en un contrato de transacción no se observa la existencia de concesiones recíprocas, en la medida en que una de las partes es quien sólo realiza una concesión en favor de la otra, tal acuerdo de voluntades no genera los efectos jurídicos establecidos por la ley para el referido contrato.
No es jurídicamente procedente que en la adición o modificación de un contrato estatal se incluya una estipulación que conlleve a la renuncia de algún derecho en cabeza del Contratista; como lo es, por ejemplo, renunciar a formular reclamaciones a la entidad contratante.
El Gobierno Nacional con la expedición del Decreto 1800 de 2019 procedió a establecer unos mecanismos para mantener actualizadas y ampliar las plantas globales de empleo de las entidades del Estado y así mismo, crear una mesa de trabajo que tiene por objeto revisar la situación actual de diferentes plantas de personal, con el fin de mejorar las condiciones laborales de nuestros servidores públicos y evitar así la suscripción de contratos de prestación de servicios que no se ajustan a los parámetros de la contratación pública señalados en la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia de las Altas Cortes.
Suministrar información contraria a la realidad en una oferta no puede ser objeto de subsanación dentro de ningún procedimiento de selección. En este sentido, resulta inadmisible sostener que una entidad estatal tenga el deber de adjudicar un procedimiento administrativo de selección a una determinada oferta a sabiendas de que, aunque en apariencia tendría las mejores condiciones, en realidad sería, por su contenido, total o parcialmente, una propuesta mentirosa, fraudulenta o engañosa.
Para formular la acción de controversias contractuales, cuando se trata de contratos estatales que han sido objeto de liquidación unilateral, se impone la necesidad de demandar la nulidad del acto administrativo a través del cual la entidad estatal adoptó dicha decisión.
Establecer como causal de rechazo el no realizar la visita al lugar en donde se va a ejecutar la obra objeto del contrato, tal exigencia constituye una regla desproporcionada que contraria los principios de la contratación estatal y la prevalencia de lo sustancial sobre las formalidades.
La responsabilidad por el eventual daño derivado de la negativa a formalizar un contrato, bien sea en relaciones precontractuales que se rigen por el derecho privado o público, no se ubica en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, propia de la acción de reparación directa, precisamente porque en este evento se evidencia la existencia de actos administrativos previos que precisamente deben ser objeto de cuestionamiento.
Cuandouna persona contrae una enfermedad o sufre un accidente que ledificulte el desempeño de sus labores en condiciones regulares, experimenta una situación constitucional de debilidad manifiesta y, en estos casos, no podrá ser desvinculada sin que exista una razón objetiva que justifique la terminación o la no renovación contractual e incluso, sin que tercie la autorización de la oficina del trabajo
Las inhabilidades tienen como como propósito: (i) garantizar la transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y la permanencia en el servicio público; y (ii) asegurar la primacía del interés general sobre el interés particular del aspirante. Así, las inhabilidades son un mecanismo determinante “para asegurar ciertas cualidades y condiciones en los aspirantes a ejercer un cargo o función públicos en forma acorde con los intereses que se pretenden alcanzar con ese desempeño”.