La obligación del supervisor en la verificación del cumplimiento de las condiciones de ejecución contractual asociadas al personal ofertado y comprometido por el contratista se extiende a la exigencia de soportes objetivos, verificables y trazables que permitan constatar materialmente la dedicación comprometida.
La modificación de las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del pliego de condiciones a través de adendas es viable únicamente dentro de los límites materiales y temporales previstos en el ordenamiento jurídico, siendo inadmisible la alteración de aspectos sustanciales como el objeto del contrato, el mecanismo de selección, el presupuesto y los factores de calificación.
Colombia Compra Eficiente expidió la Circular Externa 003 de 2026 mediante la cual se explica la aplicación del Decreto 287 de 2026, que establece un Sistema Integral de Preferencias en favor de las personas con discapacidad en la contratación pública. En la circular se precisan los beneficiarios de estas medidas, las condiciones para acceder a ellas, las obligaciones de las entidades estatales en las distintas etapas del proceso contractual y los mecanismos de seguimiento e implementación que deberán incorporarse en instrumentos como los documentos tipo, los acuerdos marco de precios y la plataforma SECOP.
Conozca la Circular Externa 002 de 2026 de Colombia Compra Eficiente mediante la cual se recuerda y desarrolla las obligaciones que tienen las entidades del Estado y servidores públicos de reportar información relacionada con declaratorias de caducidad, multas, sanciones, incumplimientos, inhabilidades y sentencias condenatorias impuestas a contratistas del Estado.
La verificación de la experiencia de los proveedores en procesos de contratación estatal debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato, considerando el valor, la complejidad y el riesgo. La experiencia se acredita mediante la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), en el tercer nivel, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y la Circular Externa
La inclusión de una persona natural o jurídica en el Boletín de Responsables Fiscales, como consecuencia de un fallo en firme y ejecutoriado que implique responsabilidad fiscal, genera una inhabilidad legal para contratar con el Estado. Esta inhabilidad permanece vigente mientras subsista el reporte y no se haya acreditado el pago de la obligación o la exclusión del boletín; esto conforme a los términos y condiciones previstos en la Ley 610 de 2000 y la Ley 1952 de 2019.
La facultad de terminación y liquidación unilateral en contratos regidos por el derecho privado se fundamenta en la autonomía de la voluntad, permitiendo a las partes pactar cláusulas resolutorias expresas que habilitan la extinción del vínculo sin requerir declaración judicial previa, siempre que se configuren los eventos específicos acordados. El ejercicio de esta potestad no constituye abuso del derecho por sí mismo; solo adquiere tal carácter cuando se despliega de manera arbitraria o de mala fe, afectando los derechos del cocontratante y generando responsabilidad contractual.
La subsanabilidad de documentos en los procesos de selección se rige por dos criterios fundamentales a saber: el primero, que el requisito omitido no afecte la asignación de puntaje y el segundo, que la circunstancia que se pretende acreditar haya ocurrido antes del cierre del proceso. En este este segundo punto, debe precisarse que la prueba documental puede ser aportada con una fecha de expedición posterior al cierre, siempre que certifique hechos previos al vencimiento del plazo para presentar ofertas.
La ausencia de una restricción temporal en la cláusula de multas, en contratos sometidos al derecho privado, impide sostener que su imposición quede limitada al periodo de ejecución, de modo que pueden hacerse efectivas aun después de vencido el plazo contractual.
La función de los comités asesores, estructuradores o evaluadores en materia de contratación pública se encuentra delimitada por los actos administrativos internos de cada entidad. En consecuencia, su existencia, alcance y funciones dependen exclusivamente de lo previsto en dichos actos, siendo el jefe o representante legal quien determina la necesidad de su creación, define sus funciones y establece su forma de integración.