LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN ACTIVIDADES CONCESIONADAS

Deber de vigilancia sobre contratistas. Responsabilidad solidaria del interventor.

Aunque el Estado delegue la ejecución de obras públicas a través de contratos de concesión, mantiene la obligación de ejercer vigilancia y control sobre los contratistas. En este sentido, se manifiesta que la administración pública no se desprende de sus responsabilidades al conceder la ejecución de obras a terceros. La omisión del deber de vigilancia y control puede generar responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados por sus contratistas.

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LA INSCRIPCIÓN EN EL RUP REQUIERE FIRMEZA

Para ser válida como requisito habilitante.

El Consejo de Estado negó la demanda de nulidad parcial instaurada en contra de la Circular Externa Única expedida por Colombia Compra Eficiente, específicamente el apartado del numeral 12.2 sobre la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). Este apartado se establece que la firmeza del RUP es una condición necesaria para participar válidamente en los procedimientos de selección.

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LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES

La restricción de suscribir convenios interadministrativos no puede extenderse a contratos por vía administrativa.

La interpretación restrictiva del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 implica que la prohibición de celebrar convenios interadministrativos durante los cuatro meses previos a las elecciones debe aplicarse únicamente a los casos expresamente previstos en la norma. Esto significa que no se pueden realizar extensiones o analogías para incluir otros supuestos, como los contratos interadministrativos, que no están mencionados explícitamente en el texto legal.

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LA CLÁUSULA PENAL EN CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Al momento de hacerse efectiva la cláusula penal, se debe establecer una proporcionalidad respecto del cumplimiento del contrato.

Aunque los convenios interadministrativos se fundamentan en la colaboración entre entidades públicas, la cláusula penal puede ser incluida siempre que no desvirtúe el carácter asociativo del acuerdo. Ahora bien, se menciona que la cláusula penal en los convenios interadministrativos, en todo caso, debe ser evaluada bajo los principios de proporcionalidad y equidad. En este sentido, en casos de incumplimiento parcial de la obligación, el monto de la sanción necesariamente debe ser reducido proporcionalmente, en el marco de lo dispuesto en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio.

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CÓMO SE DETERMINA UN SOBRECOSTO EN UN CONTRATO ESTATAL

Diferencias entre el precio pactado en un contrato estatal y el costo real.

La diferencia entre el precio pactado en un contrato estatal y el costo real de adquisición de bienes, obras o servicios no puede considerarse automáticamente como un sobrecosto. El ordenamiento jurídico colombiano no establece una definición legal de "sobrecosto" en la contratación estatal. Sin embargo, desde el punto de vista jurisprudencial, este concepto se refiere al pago excesivo realizado al contratista sin una justificación válida en comparación con los precios reales del mercado.

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LA CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO Y SU OPONIBILIDAD AL DEUDOR

El pago realizado al cedente no extingue la obligación si la cesión fue notificada o aceptada por el deudor.

La cesión de derechos de crédito, transfiere el derecho personal del cedente al cesionario, quien se convierte en el nuevo acreedor legitimado para exigir el cumplimiento de la obligación. En caso de que el deudor hubiese sido notificado de la cesión antes de realizar el pago, este no puede ser considerado válido si se efectúa al cedente, incluso si se alega buena fe.

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